El pasado 2 de diciembre los ciudadanos hablaron claro. Dijeron mayoritariamente no a la reforma constitucional propuesta y respaldada directamente por el presidente Hugo Chávez. No se trató de una reprobación parcial. Todo lo sometido a consulta, como lo fuera la instauración de un modelo de Estado y de sociedad socialistas de los más anacrónicos, fue rechazado y provocó en lo inmediato las consecuencias jurídicas que se desprenden de la Constitución y las leyes. Es decir, los temas consultados no pueden ser sometidos a otro referendo durante este mismo período.
Sin embargo, el Presidente insiste, violentando la Constitución y abusando de la habilitación con la que cuenta para dictar leyes mediante decreto como en el caso de la Ley de Pesca, la eliminación en la práctica de la Guardia Nacional con el establecimiento de la Policía Nacional, la aparición de un quinto componente de la Fuerza Armada con la creación del Comando General de la Reserva Militar, la reactivación de las invasiones de fincas y haciendas, la reversión de la descentralización y el impulso económico y político al sistema de consejos comunales y comunas.
Está claro. La reforma desaprobada se está ejecutando por vías diferentes de la constitucional. No obstante, en algunos temas más complejos, de efectos directos en la población, el Gobierno ha fracasado y retrocede transitoriamente, como ocurrió con la reforma curricular del sistema educativo.
Y ese es el punto. Si la población rechazó contundentemente la materia, es lógico que defienda su posición.
Si el Gobierno insiste en llevar adelante sus cambios, con seguridad encontrará la resistencia inherente a los resultados del año pasado.
No obstante, la revolución dio importantes pasos en los últimos días en materia de control y centralismo económico, militar y administrativo, con una oposición apenas declarativa y mediática.
Si la autoridad observa, como ha ocurrido, que existe facilidad para introducir los elementos antes rechazados, lo hará. Será una reforma a juro, pero sin contrapeso efectivo.
Lo ocurrido con la pretendida reforma curricular es el resultado directo de la acción de la gente, organizada en movimientos civiles y gremiales que le otorgan peso suficiente para provocar un retroceso en la intención oficialista, aunque el Gobierno lo quiera llamar repliegue estratégico, con el claro objetivo de evitar conflictos de cara a las elecciones de noviembre.
La reforma económica, los cambios en el Código de Comercio, en la propiedad privada empresarial y en la estructura del sistema en general está anunciada y se intentará ejecutar a la brevedad. Avisados están.
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